BUENOS AIRES.- El ex canciller Héctor Timerman finalizó sus funciones el pasado 9 de diciembre, aunque no sin antes cobrar una importante liquidación de haberes sustitutivos (vacaciones) acumulados por seis años. el monto por licencias no usufructuadas fue de $ 575.350, destacó La Nación.
La aprobación del pago fue autorizada por la ex secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional de la Cancillería, Paula Ferraris. Esta funcionaria que estuvo alineada con Timerman también permitió la liquidación de sus propias vacaciones, acumuladas por cuatro años, por un total de $ 484.540,64. De acuerdo con lo que pudo constatárse, existen en el Ministerio de Relaciones Exteriores otros funcionarios que recibieron un abultado pago en la misma línea que Timerman y Ferraris, autorizado antes de que finalizara la gestión de Cristina Fernández. Es el caso de Guillermo Oliveri, ex secreatario de Culto de la Cancillería, y Juan Landaburu, ex subsecretario de Culto. Ambos cobraron $ 459783,09 y $ 362.988,13, respectivamente, por licencias acumuladas desde 2011.
"La situación de estos pagos fue completamente legal. No se consultó con las nuevas autoridades porque se realizó dentro del período correspondiente a la administración anterior. Cuando un funcionario termina con sus actividades se pide la liquidación de las vacaciones que no se hayan tomado y se les paga. En este caso se hizo antes de que cambie el gobierno para poder liquidar los aguinaldos luego", explicó Ferraris.
Si bien las vacaciones de estos funcionarios figuran en el Sistema de Administración de Recursos Humanos como licencias "vencidas", la ley del empleo público, que contempla que no se pueden acumular licencias por más de dos años, exceptúa a de ello al jefe de Gabinete de Ministros, a los ministros, al Secretario General de la Presidencia de la Nación y a los secretarios y subsecretarios. En este caso particular, las vacaciones pueden mantenerse hasta por un período de 10 años sin que se venzan y pueden ser cobradas al cese de funciones. La justificación es que, por razones de servicio, muchas veces ciertos funcionarios no pueden tomarse las licencias anuales correspondientes, que son un derecho de cualquier trabajador.